La limitación del acceso a la sanidad de los inmigrantes que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy no se aplicará, al menos de
momento, en el País Vasco. El Tribunal Constitucional ha levantado la
suspensión de parte del decreto con el que el entonces Ejecutivo de
Patxi López trató de saltarse los recortes sociales que implicaban las
medidas adoptadas desde el Ministerio de Sanidad. Hasta que el
Constitucional no sentencie sobre el conflicto de competencias, podrá
aplicarse el decreto del Gobierno vasco en este aspecto.
El Gobierno recurrió el decreto del País Vasco ante el Constitucional que, en julio,admitio a trámite el recursos y decretó la suspensión
de la decisión del Gobierno autónomo. Sin embargo, ahora, el mismo
Constitucional, ante las alegaciones presentadas por el Ejecutivo vasco,
ha levantado parte de esa suspensión.
La suspensión que permanece vigente es la relativa al copago
farmacéutico contra el que el Gobierno de Euskadi también se había
plantado. Pero el Constitucional la mantiene alegando que el
planteamiento de los prejuicios que la medida iba a suponer se realizan
desde un "carácter marcadamente hipotético", mientras que la Abogacía
del Estado aportó datos económicos sobre la evolución del gasto
farmacéutico en el País Vasco para justificar la aplicación del copago.
El decreto fue una de las últimas acciones del consejero de Sanidad, Rafael Bengoa,
para garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario
público. Para ello el acceso se mantenía en todas las personas que
residen en Euskadi y se mantenían también los niveles de aportaciones en
el pago de medicamentos, además de incorporar la exención de pago a
diversos colectivos.
En sus alegaciones, el Gobierno vasco adujo que los inmigrantes son
el colectivo "que resulta más afectado por patologías infecciosas", y
apuntó que "al quedar sin el apoyo clínico sanitario, supondría un
riesgo de contagio para el resto de la población".
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